La seguridad ciudadana es una preocupación fundamental en todo el mundo, y Latinoamérica no es la excepción. A lo largo de los años, la región ha enfrentado desafíos significativos en materia de seguridad ciudadana, incluyendo la delincuencia, la violencia y la percepción de inseguridad. Estos desafíos no solo afectan la calidad de vida de sus habitantes, sino que también se han convertido en un obstáculo para el desarrollo sostenible en la región.
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la falta de seguridad ciudadana en América Latina y el Caribe ha sido considerada como un factor importante que obstaculiza el desarrollo en la región. A pesar de los esfuerzos realizados en varios países, los datos actuales indican que en ALC este problema está en aumento, y la región sigue siendo una de las más violentas del mundo. Una mirada profunda a las cifras respaldadas por el PNUD revela una realidad inquietante. La persistencia de una cultura de impunidad, sistemas de justicia débiles, la falta de confianza en las fuerzas policiales, desigualdades persistentes y la carencia de oportunidades socioeconómicas son solo algunos de los factores que incentivan las actividades criminales en la región.
En el caso específico de Perú, la situación de seguridad ciudadana ha experimentado una tendencia preocupante. Según el especialista Noam López, en una entrevista realizada en abril de 2023 por TV Perú, los homicidios han sido un problema de las últimas décadas en el país. Estos se miden en tasas por cada 100 mil habitantes, y la tasa de homicidios en Perú ha oscilado entre 7 y 8 en los últimos años, lo que demuestra un aumento sostenido.
Pero la problemática no se limita a los homicidios. De acuerdo con INFOBAE, los delitos informáticos en el país han aumentado de manera alarmante. Las denuncias pasaron de 930 en 2019 a 7,734 en 2023. Los casos de usurpación se incrementaron de 2,469 a 4,802 en el mismo período. Las estafas y otros fraudes se han disparado a 12,469 casos en comparación con los 3,099 registrados en 2019. La extorsión, un crimen particularmente preocupante, ha aumentado considerablemente, con 1,246 casos denunciados en 2019 y un aumento a 7,747 en 2023. De manera similar, los homicidios han pasado de 1,315 a 2,474 en el mismo período.
Una encuesta nacional realizada por Ipsos refleja la percepción de la población. El 44% de los encuestados señala que la delincuencia es el segundo principal problema que debería priorizar el Gobierno, solo después de la corrupción. Además, el 70% de los ciudadanos considera que la situación ha empeorado y se sienten inseguros en su entorno. El Instituto de Estudios Peruanos (IEP) indica que el 80% de la población siente inseguridad frente a la posibilidad de algún hecho delictivo o evento contra su integridad física o moral.
En el período comprendido entre noviembre de 2022 y abril de 2023, según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), la tasa de criminalidad a nivel nacional ha alcanzado un alarmante 25% de la población.
Estas cifras, si bien preocupantes, nos brindan una visión más precisa de la situación actual en ALC y, en particular, en Perú. Es esencial estar atentos a estas dinámicas para comprender mejor la magnitud del problema y contribuir a la búsqueda de soluciones efectivas en la región.
En este contexto, es imperativo que las autoridades, las instituciones y la sociedad en su conjunto trabajen en conjunto para abordar las causas fundamentales de la inseguridad ciudadana y desarrollar estrategias que promuevan un entorno más seguro y próspero. La seguridad ciudadana no solo es responsabilidad de un sector, sino de toda la comunidad. Es hora de unir esfuerzos para revertir esta tendencia y construir un futuro más seguro y prometedor para todos.